El documento que presentamos fue elaborado por el Grupo de Trabajo Regional de Financiamiento para Infraestructura conformado por Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina. El trabajo describe el panorama actual del financiamiento para infraestructura en América Latina y el Caribe, presentando a los diversos actores que se desenvuelven en este contexto, así como las tendencias hacia el debilitamiento de los marcos normativos tanto de los bancos nacionales, regionales y multilaterales, así como los marcos nacionales de los países receptores de los préstamos y el financiamiento.

Asimismo, esta publicación muestra las relaciones entre los grupos de poder, los espacios políticos y las instituciones financieras. Así, se señala la ausencia de América Latina en los planes del G-20; la presión de Brasil por no debilitar su rol en el financiamiento de los proyectos en esta región, de tal manera que logre posicionar a las empresas brasileras, bajo la ya conocida política de fortalecimiento de sus “campeones” nacionales; y el surgimiento de nuevos actores como son los bancos chinos y el reciente banco de los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).
Se aborda el rol de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como espacio político fundamental para la toma de decisiones. En el caso de sus proyectos de integración, el Consejo de Planeamiento e Infraestructura (COSIPLAN) que reconoce y da continuidad a los logros de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) tiene una importancia primordial, ya que cuenta con una cartera de más de 500 proyectos para Sudamérica.

En este sentido, el papel de Brasil se infiere fácilmente, como impulsor de IIRSA y, actualmente, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) que supera en inversiones a bancos tradicionales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En efecto, las reglas de juego impuestas por Brasil con normas más flexibles para las inversiones, la propia Corporación Andina de Fomento (CAF) y las inversiones chinas, traen como resultado una tendencia actual a la flexibilización de las políticas de salvaguardas socio-ambientales y de todas aquellas que signifiquen una regulación para el financiamiento. A su vez, esto va acompañado de una tendencia en los Estados en adecuar sus normas nacionales ambientales y de garantía de los derechos, en particular las referidas a los pueblos, de tal forma se puedan superar las crisis económicas y facilitar las inversiones.

Es en este complejo panorama donde se inserta la creación del nuevo banco de los BRICS, el cual significará, al 2016, un desafío por los cambios que supone a las instituciones financieras nacionales, regionales y multilaterales. También será un reto para la sociedad civil en la vigilancia del respeto de los derechos humanos y el análisis de los posibles impactos negativos de las inversiones, así como en la potencialización de los impactos positivos y el establecimiento de reglas claras en cuanto al flujo de financiamiento para infraestructura.