Pueblos indígenas, rivereños, campesinos, andinos y amazónicos se unen a organizaciones de la sociedad civil de América Latina, el Caribe y Estados Unidos para enfrentar los impactos de las inversiones chinas en toda la región.

La Alianza Continental de seguimiento a las inversiones chinas fue lanzada oficialmente para hacer frente a la estrategia geopolítica que busca mantener el modelo de exportación constante de materias primas en América Latina y el Caribe. La legislación ambiental y social en la región, ha demostrado, en reiteradas ocasiones, que no garantiza los derechos de las comunidades a las cuales se promete desarrollo inclusivo y sostenible.

Una sola agenda para el cambio

El conocimiento consolidado por más de 20 organizaciones indígenas, campesinas,  rivereñas y amazónicas, en torno a las dificultades que enfrentan sus resistencias locales, sumado a los análisis realizados por miembros de la sociedad civil y academia, fueron discutidos durante dos días de trabajo en el  Taller Regional organizado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e infraestructura (GREFI).

Los participantes del taller procedentes de Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, entre otros, coincidieron en que el debilitamiento de los marcos ambientales y sociales de la región no garantiza el respeto de los derechos de las comunidades involucradas en el espacio de influencia de los proyectos que son financiados por la banca china, y a ello se suma el carácter no vinculante de los lineamientos de la banca china, que son los que rigen su inversión. La no existencia de protección a nivel nacional y a nivel de la banca multilateral coloca en una situación de riesgo a las comunidades que están siendo afectadas por la inversión, y actualmente se está siendo testigo de las graves consecuencias de la inversión en países como como Venezuela, Nicaragua, Perú, Colombia, Brasil, entre otros. Asimismo, es preciso reconocer y recalcar la alarmante situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores ambientales en contextos de inversión china en países de la región, quiénes no sólo son criminalizados por la defensa de sus derechos colectivos sino que no cuentan con la debida protección del Estado.

Como resultado del Taller se elaboró una agenda de incidencia que reúne y complementa las demandas territoriales de las comunidades afectadas con las propuestas de reforma planteadas desde sociedad civil y la academia. En ese sentido, a nivel internacional se plantea nuevos estándares para las empresas y la banca china que garantice el cumplimiento, una mayor participación y procesos de consulta efectivos; a nivel nacional, una estrategia conjunta que revierta el debilitamiento de la legislación socio-ambiental y brinde garantías de acceso equitativo a la justicia para los defensores ambientales.

En esa línea, fueron planteadas las siguientes acciones:

  • Asegurar los derechos territoriales de las comunidades campesinas, rivereñas e indígenas.
  • Visibilizar la problemática de los defensores ambientales y los cambios normativos necesarios a nivel nacional e internacional a través de una estrategia de campaña.
  • Acompañamiento a los afectados y estrategias de defensa.
  • Una nueva propuesta de salvaguardas para las inversiones chinas que incluya la agenda de las comunidades locales y las organizaciones indígenas.

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