Declaración de organizaciones sociales, pueblos indígenas, campesinos y comunidades afectadas por inversiones, extractivismo e infraestructura China, y lanzamiento de Alianza Regional Latinoamericana de seguimiento a las Inversiones Chinas.

Durante los días 17 y 18 de mayo de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia, nos reunirnos organizaciones e instituciones de la sociedad civil latinoamericana con organizaciones indígenas, campesinas y comunidades de nuestro continente en el Taller Regional sobre Acciones e Incidencia frente a Inversiones Chinas en América Latina y el Caribe.

Durante estos dos días de trabajo e intercambio de experiencias llegamos a un diagnóstico consensuado acerca de los factores que explican los diferentes impactos sobre el medioambiente y los derechos de los trabajadores, las comunidades y los pueblos indígenas, generados por las inversiones, infraestructura y extractivismo chino en nuestros territorios. Así también hemos podido conocer las acciones que se están tomando para resistir a niveles locales y nacionales, evitar la vulneración de derechos y hacer cumplir nuestras demandas.

El modelo de gestión territorial seguido en el continente es, más allá de los tipos de gobiernos, profundamente extractivista. La promoción de las inversiones en este sector, sean públicas o privadas, se convierte entonces en el objetivo más importante de todos nuestros gobiernos. La desregulación socio-ambiental aparece como consecuencia directa de este modelo de supuesto desarrollo. Se cree que flexibilizar los controles socio-ambientales acelerará el ciclo de proyectos, con la promesa de que las inversiones serán motores de desarrollo de las comunidades asentadas en sus áreas de influencia, sin ofrecer evidencia de que esto haya sucedido (más aún, la realidad apunta en sentido contrario), siendo los Pueblos Indígenas y campesinos los sectores más impactados por las industrias extractivas. De igual forma, estos efectos negativos se extienden a mediano y largo plazo, y perjudican la vida de las grandes ciudades que dependen directamente del agua, producción y aire de las montañas con sus bosques originarios.

La promoción de las inversiones extractivas (y de infraestructura asociada) se ha convertido en dependencia debido a la presión geopolítica de los grandes centros industrializados a partir del modelo económico implementado en los países de la región. Ahora vivimos en un escenario en el que diferentes gobiernos son incapaces de garantizar derechos como la consulta previa, libre e informada y el derecho al medio ambiente sano a través de estudios de impacto ambiental adecuados que no cedan licencias ambientales en detrimento la protección de los territorios y las comunidades. Ello, a causa de la poca capacidad de planificación y mecanismos de participación insuficientes para incluir las necesidades de la población.

Pero la dependencia extractiva no acaba ahí. La expansión económica y comercial china que se nutre de las ingentes materias primas que existen en nuestros países, viene produciendo graves violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales. Resulta igualmente grave constatar que algunos estados y empresas hacen uso de sus fuerzas armadas, de seguridad y/o de orden público para reprimir las demandas de las comunidades locales, las cuales no encuentran mecanismos institucionales efectivos para hacer respetar sus derechos territoriales. Comunidades a las que no les queda otro camino más que la movilización y la resistencia ciudadana pacífica.

Además, se prevé que la estrategia de inversiones, endeudamiento y extractivismo, también incluye el despojo masivo de territorios de los pueblos indígenas y las tierras de campesinos para la transmigración y asentamiento chino, lo cual amenazará la existencia misma de muchos pueblos. Los derechos individuales y colectivos, así como el derecho a la vida y al acceso equitativo a la justicia están en juego. Urge una respuesta continental.

Por lo anterior, proponemos:

  1. Articular acciones, bajo una estrategia conjunta, que permitan consolidar una alianza entre las diversas expresiones de la sociedad civil y las organizaciones de los Pueblos Indígenas, campesinos, mujeres y comunidades por la defensa de sus tierras, territorios, recursos y derechos, hoy afectados por las inversiones, los proyectos extractivistas, de infraestructura, compensaciones de carbono, transmigración y asentamiento con capital chino.
  2. Fortalecer al Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) como plataforma para el acopio de información sobre las afectaciones que enfrentan los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades por inversiones chinas. Asimismo, junto a otros aliados, sistematizar las alternativas y estrategias de incidencia que se vienen desplegando desde las comunidades ante gobiernos y empresas involucradas. Esto pasa por construir, en diálogo con la agenda de demandas campesinas, ribereñas e indígenas, propuestas técnicas para generar nuevos estándares para salvaguardas sociales y ambientales de la banca y nuevos marcos normativos a nivel nacional respetuosos de sus derechos.
  3. Implementar acciones para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, campesinos y ribereños en contextos de inversiones, extractivismos e infraestructuras chinas. Estas deben estar apoyadas en el análisis técnico sobre las implicancias y desarrollo de estas inversiones, el seguimiento de los casos de pueblos afectados, acciones legales de denuncia y exigencia de rendición de cuentas.
  4. Generar e impulsar acciones comunicacionales que en formato de campaña permitan dar a conocer los casos de afectaciones a nivel internacional, vinculándose con otras redes existentes. De esta forma contribuir a la construcción de una corriente mediática que brinde sostenibilidad a los mensajes y a las denuncias de afectaciones.
  5. Fomentar acciones de solidaridad para con los pueblos afectados, a través de la denuncia de las amenazas que afectan a líderes de las comunidades afectadas, garantizando no solo la vigencia de estas luchas sociales, sino también el derecho a la vida de quienes las promueven. En particular, mediante un llamado para que más instituciones y organizaciones se sumen a estos espacios de apoyo permanente a quienes enfrentan de manera diaria los impactos de este tipo de inversiones.

La Alianza Continental de seguimiento a las Inversiones Chinas queda así constituida para hacer cumplir lo expresado anteriormente. Los pueblos han tomado la palabra en nombre de la madre naturaleza, que consideran su madre, y nos llama a unirnos y a fortalecer nuestras redes para avanzar en la defensa de los territorios y derechos, y garantizar el cumplimiento sostenido de todo lo expresado.

Lista de Organizaciones Adhesiones

Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia)
Comunidad Indígena Cascomi (Ecuador)
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
Corporación Privada para el desarrollo de Aysen (CODESA, Chile)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
EQUIDAD Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina)
Fundar Centro de análisis e investigación (México)
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS, Argentina)
Nacionalidad Sapara del Ecuador (Ecuador)
Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA, Venezuela)